El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido llevará un registro de las mujeres sometidas a la ablación genital, como primer paso para erradicar esa práctica, anunció hoy el Gobierno británico.
El Ejecutivo del primer ministro David Cameron dio a conocer medidas para eliminar este rito común en algunos países de Asia, África y Oriente Medio y que es ilegal en el Reino Unido.
Los hospitales británicos tendrán que informar cada mes al ministerio de Sanidad de los casos que atiendan, una información que se pasará a la Policía y otras agencias oficiales para determinar el alcance del problema en este país.
Según la secretaria de Estado de salud pública, Jane Ellison, la recogida de datos es "el primer paso" para poder poner fin a la mutilación sexual femenina.
La ablación "es una práctica aberrante que no tiene lugar ni en esta sociedad ni en ninguna otra", afirmó.
El anuncio del Gobierno se produce después de que una familia de mujeres somalís condenara públicamente la práctica, perpetrada en la mayoría de los casos a niñas menores de diez años, y que un inspector de la Policía de Londres criticara la inacción de los servicios sanitarios.
El detective superintendente Jason Ashwood, jefe de la sección contra la ablación femenina de la Policía Metropolitana de Londres (MET), declaró a "The Times" que "nunca sucede" que un doctor llame a la Policía porque ha atendido en urgencias a una víctima de la ablación.
"Está claro que cuando los profesionales ven casos de supervivientes de la ablación o que corren riesgo de sufrirla, no informan a la Policía", afirmó Ashwood, quien subrayó que la ablación "es una forma de abuso infantil".
Las organizaciones contra la ablación femenina alertan de que los profesionales en las escuelas o en la sanidad omiten denunciar la práctica para no interferir en lo que se percibe como un culto aprobado en ciertas sociedades.
Con las nuevas medidas, los doctores tendrán no sólo que informar a la Policía, que elaborará un diagnóstico del problema, sino también a los servicios sociales, que valorarán cómo proceder en cada caso.
Los últimos datos oficiales indican que al menos 66,000 mujeres en Inglaterra y Gales han sufrido mutilación genital y unas 23,000 niñas de menos de 15 años están en riesgo.
Pese a estas cifras, no ha habido en el Reino Unido ninguna demanda judicial por parte de las afectadas, lo que se atribuye a la ignorancia de sus derechos y al miedo de tener que declarar contra sus propias familias.
El ministerio del Interior británico ha puesto 120,500 euros a disposición de las ONG contra la ablación para que hagan campañas de concienciación en sus áreas.
"No hay ninguna justificación para la mutilación genital femenina, es un abuso infantil y es ilegal", declaró hoy el secretario de Estado de prevención del crimen, Norman Baker.
Baker subrayó que "la ley en este país se aplica a todo el mundo" y advirtió de que "las sensibilidades culturales no deben impedir la prevención y la denuncia de aquellos que instigan y ejecutan la práctica".
La secretaria de Estado de desarrollo internacional, Lynne Featherstone, subrayó por su parte que, para tener éxito en el Reino Unido, hay que abordar el problema a nivel internacional y convencer a las comunidades en África y otros países de que la ablación "es un abuso de los niños".
El objetivo del Gobierno es identificar los casos que se cometen en este país e iniciar procesos judiciales contra los perpetradores.
En este sentido, la directora de la Fiscalía británica, Alison Saunders, aseguró que se impulsarán las denuncias y los juicios por este motivo, pues desde que se ilegalizó la ablación en el Reino Unido en 1985 no ha habido ningún procesamiento. EFE
